Pensiones: riesgos para los capitales

Susana Jiménez

Llevamos demasiados años hablando de la necesidad de una reforma que permita elevar las pensiones de los chilenos y, sin embargo, hoy no estamos más cerca que antes. Si inicialmente la discusión se entrampó en la creación de una AFP estatal, el debate posterior se ha centrado en el destino (reparto vs. capitalización) de la tasa adicional de la cotización.

El problema es que, en el intertanto, la actual administración ingresó su proyecto de ley y, sin darnos cuenta, tenemos un elefante instalado en la habitación.

Es bien sabido que la propuesta del Ejecutivo crea un monopolio estatal a cargo de toda la relación con los afiliados y pensionados; recauda la cotización, administra las cuentas, realiza inversiones (solo ahí compite con instituciones privadas), redistribuye fondos y paga las pensiones. El proyecto aumenta la cotización en 6% con cargo al empleador, con un tope 50% mayor al actualmente existente, y crea un gestor estatal que administra la cotización adicional del 6% y además el 10% de las cotizaciones que no manifiesten voluntad expresa de preferencia por otro gestor.

“Muy poca atención ha recaído en el hecho de que, con el sistema previsional propuesto, el Estado se convertiría en el principal gestor de fondos del mercado de capitales en muy corto plazo”.

Algo ya se ha debatido en torno a la capacidad real que tendría este monopolio estatal de satisfacer las casi 120 millones de atenciones que requirió el sistema el año pasado, con la calidad y agilidad adecuadas. Pero menos atención ha recaído en el hecho de que, con el sistema propuesto, el Estado se convertiría en el principal gestor de fondos del mercado de capitales en muy corto plazo.

En efecto, el 6% adicional de cotización equivale a un flujo anual de recursos de US$ 5.800 millones que ingresarían al ente público. Bajo un escenario conservador –dada la baja sensibilidad que muestran los cotizantes a cambiarse de administrador– suponiendo que un 60% de los nuevos afiliados se quedara con el Estado, se sumarían otros US$ 6.100 millones anuales. ¡Estamos hablando de 3,9 puntos del PIB que entrarían al fondo administrado por el Estado cada año!

¿Se ha dimensionado lo que ello significa para nuestro reducido mercado de capitales? En poco tiempo, el fondo estatal tendría un enorme poder para incidir en los recursos disponibles para el financiamiento de largo plazo, ya sea de créditos hipotecarios, obras de infraestructura, seguros de vida, etc. Inadvertidamente, poco a poco estarían sentados directores designados por la autoridad de turno en las empresas privadas. No está de más recordar lo que pasó con las inversiones de las AFJP argentinas.

Cuesta creer que esta parte de la propuesta tenga alguna relación con mejorar las pensiones de los chilenos, y no que se busque una organización de la industria peligrosamente controlada por el Estado y con amplios riesgos de captura. Son precisamente estos objetivos maximalistas los que terminan poniendo en duda, una vez más, la factibilidad de aprobar una reforma de pensiones.

Es tiempo de ser razonables y centrarnos en lo que realmente importa. No solo hay consensos ya avanzados en las discusiones previas (como la necesidad de aumentar la tasa de cotización y la implementación y aumento de la pensión universal garantizada), además de preferencias reveladas por la opinión pública (que priorizan la capitalización individual por sobre los sistemas colectivos), sino que hay otros aspectos críticos que requieren promoverse con valentía, como elevar la edad de jubilación de mujeres y hombres, y abordar la informalidad con los incentivos correctos. Sin embargo, mientras primen otros intereses de dudosa vocación seguiremos viendo cómo se posterga un buen acuerdo para Chile.